Los ayuntamientos son las administraciones públicas más morosas. De media, tardan en pagar a sus proveedores casi 220 días. Por eso, el Gobierno lanzó el pasado mes de julio la Línea ICO-Entidades Locales 2011, dotada de 3.400 millones de euros y articulada para sufragar las deudas de los consistorios con las empresas pequeñas y medianas y con los autónomos. Pero la medida ha fracasado por el elevado interés que se exige. Así, los alcaldes sólo han solicitado el 13,5% de los fondos: apenas 459 millones de euros. Ni una séptima parte del total.
El batacazo es importante, ya que se trata del plan estrella del Gobierno –impulsado por el actual candidato del PSOE a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba– para acabar con la lacra de la morosidad de los ayuntamientos, cuya penuria económica lastra el objetivo de déficit público. El objetivo de esta línea es dotar de liquidez a las entidades locales para el pago de facturas pendientes emitidas hasta el 30 de abril de 2011. Los consistorios pueden pedir al Instituto de Crédito Oficial (ICO) un importe no mayor del 25% de las entregas a cuenta de su participación en los tributos del Estado del año 2011, incluidos los intereses. Tienen para ello hasta el 30 de noviembre.
Pero, una vez superado el ecuador de este plazo, los ayuntamientos se quejan de que las condiciones de la línea no les satisfacen. “Lo que nos pide el ICO a cambio de los préstamos es demasiado”, asegura el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). “La línea del ICO contra la morosidad no satisface las necesidades que tienen hoy por hoy los ayuntamientos; ni el tipo de interés que hay que pagar, ni las condiciones para acceder a ella”, apuntó a este diario.
El interés que se paga por acceder a esta línea se sitúa en el 6,5%, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid. Un tipo elevado, cuando el euribor está en el 2,11%. O sea, la banca obtiene un diferencial elevado de más de 4 puntos porcentuales, a falta de que el ICO especifique el suyo. “El 6,5% es un interés leonino”, apunta Pere Brachfield, director del Centro de Morosología de la EAE Business School.
Además, los consistorios deben liquidar el préstamo del ICO en un plazo máximo de tres años. Si no, el Ministerio de Economía restaría ese importe de las entregas que les correspondan a los consistorios que no paguen.
Con estas condiciones, el ICO sólo ha aprobado 183 operaciones, en las que ha aportado los fondos para abonar 52.000 facturas de 164 ayuntamientos. La mayor parte de esas facturas se concentró en las autonomías con más problemas de pago. O sea, en las más morosas. Así, Cataluña copó un 20% del total (más de 10.000 facturas); Castilla-La Mancha, un 16%; la Comunidad Valenciana, un 15%; y Andalucía un 14%.
Cabe destacar que el Ayuntamiento de Madrid, el más endeudado de España, se ha llevado más del 62% de los préstamos concedidos hasta ahora por la agencia financiera del Estado. Es decir, el consistorio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón ha obtenido 286 millones de euros, para abonar a 523 proveedores nada menos que 2.259 facturas pendientes.
A Madrid las deudas se le amontonan, por eso necesita el dinero del ICO. Pero otros grandes ayuntamientos gobernados por el Partido Popular no han solicitado los fondos del ICO porque las condiciones no les parecen atractivas. De hecho, el alcalde hispalense desveló a este diario que el PP va a proponer, si gana las elecciones generales, una ampliación de la línea, “con otros requisitos”.
Lo que queda claro es que, al final, siempre
FUENTE: DIARIO DIGITAL CINCO DIAS 17/10/2011
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