1. ¿Qué son? Empresas privadas que califican el riesgo crediticio y la solidez financiera de entidades gubernamentales y comerciales, como empresas o bancos. Tienen en cuenta su seguridad, confianza, historiales de pago, previsiones, riesgos… De ese mix extraen rating, que sirve de referencia al mercados para medir la solvencia de un país.
2. ¿Quién las utiliza? Son las propias empresas las que contratan los servicios de estas agencias, pues, pese a las polémicas, el ráting sirve de guía al inversor para fiarse o no de un valor. De hecho, no es obligatorio tener una calificación para cotizar en la Bolsa española, pero sin ella, el inversor no tiene referente. Son los jueces del mercado.
3. ¿Cuántas hay? Nacieron en 1909 para evaluar las emisiones de obligaciones de las compañías de ferrocarriles de EEUU. Fue tras la quiebra de Knickerbocker Trust Company, que desplomó Wall Street. Un siglo después, tres agencias, privadas y de origen anglosajón, absorben el 90% del negocio: Standard&Poor´s y Moody’s (casi el 80%) y Fitch (más de un 10%).
4. ¿Quién está detrás? S&P es filial del grupo editorial Mc Graw-Hill, con accionistas como BlackRock (5,3%) y Capital Group (12,3%). Es más que una agencia de rating, pues tiene un triple negocio: emite calificaciones, tiene servicio de estudios y análisis y crea índices bursátiles (como el S&P500). En Moody´s, Capital es de nuevo otro gran accionista (16,4%), seguido de Berkshire Hathaway (el brazo inversor de Warren Buffett) –con el 13%,– y también BlackRock (6,3%). El resto se reparte entre fondos de todos los tipos. Fitch es filial de la francesa Fimalac, compañía de servicios de inversión que preside Marc Ladreit de Lachaniere, en la lista Forbes de los más ricos del mundo. Posee el 60%. El 40% restante es de Hearst.
5. ¿Quién les paga? En aquellos orígenes, cobraban directamente a los inversores. Pero ahora paga el cliente al que califica. Y, ¿cómo defraudar al que te financia?, se preguntan los críticos, que explican este modelo desde la cuenta de resultados de las agencias. Ellas defienden que trasladaron la factura al emisor porque el perfeccionamiento de sus análisis elevó mucho su coste. Y arguyen la separación de actividades comerciales y analíticas. Se oponen a una agencia de ráting como servicio púbico, alegando que chocar con los colores políticos de cada ejecutivo.
6. ¿Y en España? No hay cálculos oficiales, pero, con datos de 2009, se estima que el Estado les pagó medio millón.
7. ¿Cuánto ganan? Generan más de 2.000 millones de dólares en beneficios al año.
8. ¿Quién decide? Equipos de analistas que fijan los rating siguiendo la evolución de las grandes cifras del cliente, al que a menudo investigan sobre el terreno. El seguimiento es periódico, incluso diario. Trasladan sus propuestas al comité de decisión, que vota de forma anónima. El emisor conoce la decisión 12 horas naturales (dos laborables) antes que el mercado.
9. ¿Para qué ponen notas? El ráting varía según agencias. Por lo general, la máxima es AAA. La peor, la D (impago). Un recorte puede hundir un valor por la huida de inversores. El ráting es clave para fijar el coste y acceso al crédito.
10. ¿Qué pasa si se equivocan? Son impunes. Se escudan en que sólo emiten “opiniones”. Y en que la Constitución de EEUU protege la libertad de expresión. Batallaron contra la Ley Dood-Frank, que quiere pretende dar derecho a los inversores para procesar a una agencias si no actúa como debe. Es decir, si alza al cielo un ángel que debió ser demonio, como sucedió con Madoff o Lehman Brothers.
FUENTE: Expansión 08/06/2011